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La semana pasada Funes denunció que las pandillas "no están cumpliendo" con el compromiso de no atacar a policías y soldados, adoptado en el marco de una tregua que mantienen estos grupos desde hace año y medio.
Si bien el presidente no explicó entre quienes se realizó el “compromiso”, es obvio que es parte de las negociaciones que su exministro de Seguridad, hoy ministro de Defensa impulsó y sostuvo mientras estuvo en el cargo.
Es malo que no estén cumpliendo con ese compromiso, pero es peor que las maras tengan a todo el país en rehenes y estén ganando terreno hasta en lo político, como dijo ya Munguía Payés.
El presidente se refirió a un ataque de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) contra dos agentes del sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles en Cuscatancingo. Uno de los policías murió de los balazos recibidos y el otro se recupera en un hospital.
A esta acción se suman los asesinatos de unos soldados la semana pasada en las afueras de la ciudad de San José Villanueva, en La Libertad, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El mandatario dijo que esperaba que esto "no vaya en escalada", asegurando que estos delitos no impedirán el trabajo de seguridad pública en el país. Lo que sí parece ir en escalada son los asesinatos entre ellos mismos y ya el ministro Perdomo lo predijo, cuando dijo que los asesinatos irían aumentando hasta el fin de año.
Como decimos arriba, el “compromiso” al que se refiere el presidente, de acuerdo a algunos expertos, forma parte de las negociaciones del Ejecutivo, vía el exministro de Justicia y Seguridad y actual ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, a través del cual el Ejecutivo autorizó ablandar el régimen carcelario del país para los líderes de las pandillas en los centros de detención y el retiro de los soldados que colaboraban con la policía y guardias de seguridad penal en las cárceles.
El 9 de marzo de 2012 las dos principales pandillas de El Salvador: la MS-13 y el Barrio 18, pactaron una tregua a la que posteriormente se sumaron otras pandillas minoritarias.
En el marco de esa tregua, las pandillas se comprometieron a no atentar contra policías ni soldados como una muestra "de buena voluntad" de que desean concretar un acuerdo que pare la violencia pandillera en el país.
El gobierno sigue negando su involucramiento en la tregua, pero se adjudica los resultados en la disminución de asesinatos, que en los últimos meses muestra una tendencia al alza.
En las cárceles de El Salvador, están recluidos un poco más de 10 mil pandilleros, mientras que en las calles permanecen libres unos 50 mil, según datos oficiales.
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