Ya No Son $1,000 Millones, Hoy Son $1,800 Millones

Netorivas

Nadie quiere explicar –o no pueden—de dónde salen esas cifras astronómicas que, según la Fiscalía son los daños causados al erario público por esas 19 ó 21 personas a quienes acusan de habérselas agenciado para estructurar un defraudación enorme, tan grande que solventarla será imposible.

Desde el viernes, en el Juzgado 7º de Paz de San Salvador, tiene lugar la audiencia contra los sospechosos de generar irregularidades del contrato suscrito por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el consorcio italiano Enel Green Power. La audiencia continuará hoy.

DEM dice que, según el requerimiento fiscal, las pérdidas generadas al estado por este supuesto contrato amañado ascienden a $1,000 millones; sin embargo, la defensa se quejó que la cifra fue aumentada a última hora a $1,800 millones, lo cual consideran es una muestra que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha podido ni tiene los suficientes argumentos jurídicos para fundamentar la denuncia.

Yo más bien creo que las sumas se las están sacando de las mangas, porque nadie ha dicho cómo llegaron a ellas y que ha causado ese desmedido aumento.

Va a ser interesante ver cómo hacen para distribuir la responsabilidad entre los acusados. Quiénes ha sido más culpables y quiénes menos culpables. Pero la realidad es que la suma reclamada es de tal magnitud que todos los acusados van a quedar en la calle y debiendo sumas imposibles de pagar, así vivan 100 años.

Todo apunta que la fiscalía no tiene bien preparado el caso, talvez por su complejidad o porque no están seguros de lo que están haciendo. De hecho, EDH señalaba ayer que por un lado, la fiscalía demandó al Juzgado Séptimo de Paz que sean exonerados del cargo de peculado (apropiarse de recursos del Estado) y falsedad ideológica porque el tiempo para la ejercer la acusación penal ya se extinguió. Pero el Ministerio Público también le pidió que les embargue bienes inmuebles y se les congele las cuentas bancarias para que puedan responder a los supuestos daños causados a la autónoma.

Los defensores coincidieron en la audiencia en solicitar al referido tribunal que exonere a sus clientes de los cargos, pero no porque se haya terminado para ejercer la acción penal, sino porque la Fiscalía no cuenta con las pruebas que demuestren que sus defendidos cometieron algún delito.

La estrategia del Presidente Funes de tender una cortina de humo sobre todo El Salvador y la conciencia de los salvadoreños se hizo evidente cuando el sábado en su programa de radio pidió que se haga “una cruzada nacional para defender el patrimonio del Estado que representa la geotérmica LaGeo, en peligro por un contrato lesivo que fue firmado durante la administración de Francisco Flores”.

De esta manera ya nadie va a hablar del agujero negro de la corrupción en el país que es la CEL y sus satélites, incluyendo Corsaín. Es allí donde está la corrupción de verdad.