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Al estilo de los mejores años de los escuadrones de la muerte, tres hombres armados irrumpieron en la madrugada del jueves 14 en las oficinas de la Asociación Pro-Búsqueda, sometieron al presidente de la junta directiva, a un motorista y a un vigilante; y luego se dedicaron, durante 40 minutos, a sustraer equipo informático, a destruir papeles y archivos, y a rociar gasolina y prenderle fuego al local, con sus rehenes maniatados en el interior.
El procurador de los Derechos Humanos, David Morales, considera que el “ataque” contra Pro-Búsqueda podría tener motivaciones políticas.
En un comunicado oficial el procurador PDDHH, además de condenar el hecho, expone, en parte que:
- Expresa su preocupación por las características del hecho, el cual se asemeja a los atentados cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos durante la guerra civil que sufrió nuestro país en la década de los ochenta, ya que refleja una planificación previa distinta a la usualmente utilizada por la delincuencia común y evidentemente tuvo como propósito principal la destrucción de archivos institucionales que registran investigaciones sobre casos relacionados a violaciones a derechos humanos.
- Demanda a la Fiscalía General de la República brindar prioridad a la realización de una exhaustiva y pronta investigación para esclarecer este atentado, examinando seriamente la posibilidad de que se trate de un ataque motivado por el interés de infundir temor y amedrentar el trabajo que realiza la Asociación en torno a la búsqueda de justicia para las víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado.
Mientras que hasta ahora las autoridades no han determinado el motivo del ataque, Pro-Búsqueda ha dicho antes que ha documentado, por lo menos, una docena de casos de niños que fueron robados por elementos militares durante la guerra civil salvadoreña. Algunos de estos niños fueron vendidos o dados en adopción, o mantenidos en custodia de quienes los secuestraron. Esfuerzos para investigar esos casos han sido impedidos por la negativa de los militares de entregar registros del DNA de los niños.
Pro-Búsqueda también ha recibido cerca de mil quejas sobre niños separados de sus familias durante la guerra. La organización ha ayudado, por lo menos a 235 personas, muchos adoptados en Estados Unidos y Europa, a localizar a sus padres biológicos.
Ester Alvarenga, directora de Pro-Búsqueda, calificó el acto como un “sabotaje a nuestro trabajo” y agregó que no les había sido permitido averiguar qué documentos fueron destruidos o robados.
El procurador David Morales ha sugerido que el ataque pudo haber estado relacionado a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía pendiente en la Sala de lo Constitucional. Un magistrado de la Sala nos dijo que el caso no lo verán sino hasta después de las elecciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el gobierno es responsable del secuestro de, por lo menos, seis niños que también han sido documentados por Pro-Búsqueda y ordenó a El Salvador que abra los archivos y que cumpla con otras demandas sobre los casos, tales como suministrar apoyo médico y sicológicos a las víctimas.
El caso trae a la mente la experiencia en Argentina, donde militares secuestraron cientos de niños de opositores políticos y los juicios de aquellos responsables, tres décadas después que condujeron a la condena de varios oficiales de alto rango, incluyendo al general Jorge Rafael Videla, quien fuera presidente de la junta militar.
La Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, fue fundada por el sacerdote y filósofo jesuita Jon de Cortina. Sus orígenes se generan por la insatisfacción de un grupo de familiares de niñas y niños desaparecidos por el conflicto, ante los resultados del proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Concretamente el hecho que la Comisión de la Verdad no incorporara de manera específica en su informe “De la Locura a la Esperanza”, la problemática de la niñez desaparecida y que sus recomendaciones sobre la profundas reformas al sistema de seguridad pública y de justicia, fueran totalmente desatendidas por las partes firmantes de dichos Acuerdos, sobre todo, ante la negativa e ineficacia del Estado salvadoreño de dar respuesta al problema de las desapariciones forzadas.
El asesinato de sus compañeros sacerdotes jesuitas en 1989, no hizo que el padre Jon Cortina (foto) abandonara el trabajo en favor de los derechos humanos, sino todo lo contrario. Acabada la guerra, conoció de la desaparición forzada de las niñas y los niños a través de los testimonios de habitantes de Guarjila y de otras comunidades del departamento de Chalatenango. Preocupado por la situación que afectaba el tejido personal, familiar y comunitario a raíz de la desaparición, asume el reto de acompañar a los familiares para la búsqueda de la verdad y la justicia para estas familias. Es así que junto con un grupo de mujeres y hombres constituyen la Asociación PRO-BÚSQUEDA en 1994.
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