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La noticia la dio DEM el sábado, que el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, evalúa anular el contrato entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y Enel y, como primer paso, pidió a la Asamblea Legislativa que informe las concesiones otorgadas por el Órgano Legislativo sobre recursos hidráulicos o geotérmicos vinculados con CEL, quiénes son los concesionarios y el plazo de la concesión.
Aquí hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que ¿de dónde saca Tóchez que él puede anular el contrato? Sencillamente, no tiene autorización. Otros podrán hacerlo, pero no él. Y la segunda es que él muy bien sabe cuál será la respuesta de la asamblea legislativa, porque se ha pregonado a los cuatro vientos desde hace mucho tiempo y es la base fundamental del pleito que se traen en contra de los funcionarios que algo tuvieron que ven con el bonche que se ha formado.
¿Entonces, cuál es el juego de este caballero, si ya dice que el contrato está “amañando”?
Tóchez dice que él no obedece a ninguna ley secundaria sino a la Constitución. “Soy fiscalizador de los bienes que le pertenecen al Estado en forma directa o indirecta”, argumenta.
Pero la Constitución no lo autoriza para anular ningún contrato.
En su escrito enviado a la Asamblea, se apoya en la misión encomendada por los artículos 195 y siguientes de la Constitución de la República. Este artículo le ordena, en su inciso segundo, “intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al tesoro público o al patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública”.
Pero no lo autoriza a anular ningún contrato. ¡Qué mal asesorado está este señor!
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