Editorial Diario Latino
La juez Séptimo de Paz de San Salvador, Licenciada Evelyn de Solís, podría tener lista una resolución en el proceso que por el delito de peculado se sigue contra 21 personas, entre ex funcionarios y empleados de gobierno, cuya audiencia inicial dio inicio el pasado viernes, continuó este sábado y domingo y seguirá desarrollándose este lunes, para tener una resolución el martes o miércoles próximos.
Siete fiscales específicos y 23 abogados y 13 de los 21 acusados, participan desde la semana pasada en lo que será el más famosos juicio por lo menos en diez años, y que se les instruye en el Juzgado Séptimo de Paz, acusados de haber participado en supuestas negociaciones irregulares entre la autónoma CEL y la empresa italiana ENEL, para convertir a esta última en socio estratégico en la explotación geotérmica.
En su resolución, la Juez, licenciada de Solís, una vez cerrada la fase inicial del proceso, deberá declarar y decidir trasladar el juicio al juzgado de instrucción respectivo, después de resolver contra quiénes pueda haber encontrado indicios suficientes para decretar la instrucción en su contra, y por otra parte a quiénes, por falta de pruebas o porque los delitos ya prescribieron, deberán ser sobreseídos de los cargos que se les formula.
La Fiscalía, por medio de sus agentes específicos, ha solicitado que se decrete la detención para nueve ex funcionarios así como el sobreseimiento definitivo para otros 12 de los acusados. Sin embargo, la juez de Solís podría ampliar ese número de beneficiados de acuerdo a su valoración de las pruebas fiscales de cargo y las de descargo que han presentado los abogados defensores de los acusados.
Durante esta primera fase del juicio ha quedado claro que, muy a pesar del esfuerzo técnico realizado por la Fiscalía General por presentar un caso con peso específico, a la hora de su planteamiento dentro de la Audiencia Inicial, los agentes específicos de la FGR entraron en contradicciones que les llevaron a perder las primeras posiciones dentro del proceso.
En desventaja numérica con los abogados que llevan a cabo la defensa técnica de los imputados y con un dominio aparentemente muy débil del estrado judicial en relación con su contraparte, perdieron de primas a primeras los siguientes puntos:
Por petición de varios de los defensores, la juez dejó por fuera a un consultor técnico al que no le estaba permitido actuar en el proceso debido a que se trata de un empleado de planta de la FGR; la defensa logró reducir los tiempos de exposición de los fiscales; solicitaron y lograron que la Juez separara la responsabilidad civil de la penal acordando que ambas partes tendrán tres días, después de finalizada la audiencia Inicial, para que aporten pruebas que le permitan decidir sobre la responsabilidad civil de los indiciados. “Por ahora el desarrollo de esta audiencia será solo para un pronunciamiento penal”, dijo la juez Solís.
Los fiscales específicos dispondrán de por lo menos seis meses, tiempo que solicitaran para la audiencia de instrucción, para readecuar su táctica y estrategia si desean que al final el tribunal de sentencia emita algún fallo condenatorio.
Durante la presentación fáctica de los hechos, uno de los fiscales que insistía en llamar, “criminales” y “anti patriotas” a los imputados fue llamado al orden por la juez debido a la objeción de algunos defensores, entre estos Luis Edgar Morales Joya y Mario Machado. “No estamos frente a un juicio por traición a la patria o sedición, sino de un delito complejo que requiere de mayor seriedad”, manifestaron.
El sábado se introdujo un elemento que hasta ahora no había sido mencionado. En cuando el dinero por el que reclama el requerimiento, que primero fueron un mil millones de dólares y luego de casi dos mil millones, la defensa ha elevado criterios de que en todo caso la ofendida sería la propia ENEL y no el Estado Salvadoreño, debido a que fue esta empresa la que compró y por lo tanto aportó eso al consorcio CEL ENEL lo que vendría a ser una contradicción, ya que una de la acusadas es la empresa italiana.
Otro elemento que se discutía entre la defensa y sus representados durante los secesos que ha ordenado la juez, Licenciada de Solís, es que si bien los que están sentados en el banquillo de los acusados (asientos) fueron funcionarios y empleados del estado, y que participaron en las negociaciones contractuales con ENEL, la que verdaderamente está siendo juzgada y condenada es “la Política Pública de Privatización” que existía durante la época de las negociaciones CEL ENEL.
Finalmente, la señora Juez Séptimo Paz, quien dicho sea de paso se ha hecho acreedora del respeto y el reconocimiento de la prensa nacional e internacional al facilitar a los comunicadores su labor, deberá resolver sobre el tipo de medidas sustitutivas de cárcel que impondrá a los acusados así como el monto de la fianza, si es que así lo considera necesario.
La Fiscalía ha solicitado a la juez que decrete embargo precautorio de sus bienes inmuebles y se les congele sus cuentas bancarias para que puedan responder por los supuestos daños causados al patrimonio de CEL.
(Foto diario1.com)
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