Netorivas
Todos estamos obligados a obedecer la ley, nos guste o no nos guste. Incluyendo a todos los funcionarios, del presidente de la República para abajo. Pero en El Salvador hay dos funcionarios que creen que ellos están por encima de la ley: Sigfrido Reyes, presidente de la asamblea legislativa y David Munguía Payés, ministro de Defensa.
Resulta que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), resolvió que la asamblea estaba obligada a publicar los nombres y salarios de los asesores legislativos. Ante la negativa de la directiva, el IAIP dispuso multar a los miembros con la suma de $9,000, lo que significaba que cada uno de los 14 directivos debía pagar $642.85 de multa.
Reyes, insiste que la información solicitada por un ciudadano (lista de asesores legislativos, partidarios e instituciones con sus respectivos salarios) es de carácter privada y por lo tanto no la hará del conocimiento público.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso presentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, con el cual pretende la suspensión de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ordena se publiquen las listas de los asesores legislativos y que impone una multa de $9,324 a los 14 miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa.
El IAIP ha citado dos veces a Reyes para que explique por qué no ha pagado la multa que le impuso por negarse a publicar los nombres y salarios de los asesores del Congreso, pero Reyes no ha asistido a ninguna de las dos citas, sin importarle la obligación legal de hacerlo.
Reyes cree que está por encima de la ley.
El otro es el ministro de Defensa, David Munguía Payés. El Faro publicó el martes una nota informando que Munguía Payés estaba llamado a comparecer el lunes ante la Sala de lo Constitucional (foto de El Faro), en una causa para explicar el paradero de siete niños desaparecidos a manos del ejército durante la guerra en los 80. La demanda es de la Asociación Pro-Búsqueda, cuyas instalaciones fueron atacadas el jueves para destruir los expedientes de estos casos que apuntan a militares retirados.
La sesión, según el periódico, sería resultado del segundo llamado al ministro que hacen los magistrados de la Sala ante tres demandas de hábeas corpus presentadas por la Asociación Pro-Búsqueda en noviembre de 2012 y que son estudiadas como parte de un solo caso: la participación del ejército en las desapariciones forzadas de niños y niñas de Chalatenango durante 1982.
La semana pasada, la Sala había llamado al ministro a audiencia privada, pero ni llegó ni avisó nada, según dijeron este lunes fuentes de la Sala de lo Constitucional. Esta segunda ocasión, los magistrados tampoco recibieron respuesta alguna ante el citatorio, y el general retirado simplemente no se presentó.
Munguía Payés cree que está por encima de la ley.
La conducta de ambos funcionarios es intolerable y debe ser sancionada, el primero por la directiva de la asamblea y el segundo por el presidente de la República. Si no lo hacen, se convierten en cómplices del desacato.
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