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EDH informó ayer, que mientras en los municipios libres de violencia se han registrado más de 391 homicidios y las pandillas siguen incrementando las extorsiones desde adentro y fuera de los penales, los alcaldes firmantes de ese compromiso luchan solos con escasos recursos por contener el espiral criminal, ya que resienten no recibir el apoyo prometido del gobierno. (En la foto de EDH, Salvador Ruano derecha,, alcalde de Ilopango, fue el primero en firmar con las pandillas)
Luego del cambio del ministro y viceministro de Justicia y Seguridad, el Gobierno ya no menciona los $33 millones que ofreció a los 18 municipios que serían declarados libres de violencia y de los cuales, 11 asumieron el compromiso público.
Los recursos ofrecidos serían invertidos en centros de capacitación para el trabajo y el financiamiento de proyectos productivos para incorporar a los pandilleros a que renunciaran a los homicidios, extorsiones y otros delitos.
La estrechez económica de los recursos del gobierno tendrá, sin duda, un efecto negativo en el desarrollo de los programas de reinserción y educación de los pandilleros en esos municipios. Lo que resultaría en recurrir a las extorsiones para subsistir, a falta de trabajo honrado.
Los alcaldes son conscientes de esta dura realidad y por eso su lucha por cambiar de mentalidad a los grupos delictivos y les ofrecen opciones legales para ganarse la vida dignamente.
La nota del periódico dice que a pesar del incumplimiento del Gobierno, la confianza de los ediles no se tambalea, ni siquiera por el rebrote de violencia, más reflejado con las últimas alzas de homicidios, que en algunos fines de semana ha significado más de 20 asesinato y 16 en otros días.
Más de 391 homicidios se han registrado en los municipios declarados "Territorios de Paz" de enero a octubre.
Frente a una creciente alza de homicidios y extorsiones, la interrogante es, si se quebró o fracasó la "tregua" y con ello; las aspiraciones de los habitantes en "municipios libres de violencia".
El alcalde de Quezaltepeque, Carlos Figueroa, respondió que si bien el dinero es necesario para desarrollar estos proyectos no todo se puede supeditar a los fondos del Gobierno.
"Quezaltepeque ha bajado la cifra de homicidios, antes se daba uno, dos y más de cuatro homicidios diarios, eso ya no sucede ahora", expresó Figueroa.
El edil de Sonsonate, Roberto Aquino, afirmó que los homicidios en la cabecera departamental han bajado de 12 o más en el mes, a cuatro casos en el mismo periodo.
Este ha sido el fruto de los diferentes proyectos culturales, deportivos y de emprendimiento que la Alcaldía ha impulsado en su gestión con fondos de la comuna.
Lo mismo asegura el alcalde de Apopa, José Elías Hernández, quien dijo que no se podían quedar solo a contar muertos todos los días, debían comprometerse con un "proceso" que el alcalde calificó de "dormido".
El edil de Apopa manifestó que en este esfuerzo no solo ha participado la alcaldía, sino también los mareros, así como las demás instituciones como la Iglesia Católica y evangélica; Fiscalía, Derechos Humanos y la Policía, entre otras instituciones.
El subdirector del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Apopa, José Ortega puntualizó que en este año se han registrado 15 asesinatos en el municipio, lo que refleja una reducción del 75 por ciento.
El padre Antonio Rodríguez, quien impulsa un programa de reinserción de pandillas en Mejicanos, calificó el ofrecimientos económico del Gobierno como una iniciativa "muy puntual y que formaba parte de una dimensión mediática sesgada".
El padre Antonio afirmó que el siguiente paso que el país debe dar es crear una política social de prevención y una ley para la reinserción de estos jóvenes en conflicto con la Ley.
El sacerdote sabe que sin el apoyo económico del gobierno, no será posible continuar efectivamente con los programas.
Esos programas requieren fondos para crear infraestructura necesaria e inversión, que requieren en la mayoría de municipios.
El pastor Carlos Rivas señaló que el problema de violencia e inseguridad del país es multicausal y estructural por la ruptura familiar.
Rivas dijo que las maras que deben de dar muestras concretas y precisas de no querer seguir con la violencia, someterse a un proceso de cambio y de querer reinventar sus vidas por el bien del país y sus familias.
Estoy de acuerdo con el pastor Rivas y, preocupa la probabilidad que los mareros se valgan de la falta de la asistencia económica del gobierno para aumentar sus actividades criminales.
En todo caso, como hemos dicho repetidamente, ellos –los mareros- tienen al país en rehenes.
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