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Ayer, el Fiscal General de la República, Luis Martínez, dijo durante la entrega de los resultados de la investigación que realizó una comisión especial en torno al caso CEL-ENEL, que el Estado reclamará más de mil millones de dólares.
El dinero perdido es parte de la responsabilidad civil que se pedirá sea devuelto, según detalló Martínez.
Las declaraciones del Fiscal son más una acusación que unas declaraciones y lo que sigue, seguramente, es una orden de captura contra los involucrados en el caso: el exministro de Economía Miguel Lacayo y el expresidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, Jorge Simán, expresidente de LaGeo y José Antonio Rodríguez Rivas, exgerente general de LaGeo.
A pesar de las frecuentes acusaciones que el Presidente Funes ha hecho contra el expresidente Flores, el Fiscal Martínez dijo ayer que no había encontrado ninguna evidencia de que Flore haya estado involucrado en el caso.
Esta es una cacería de brujas impulsada desde Casa Presidencial que tiene por objeto, más que trabar un juicio de dudosa conclusión, encubrir la olla de gusanos que invade al grupo CEL, INE y empresas conexas, incluyendo a Corsaín.
Y, de paso, también tiene fines políticos que hacen realidad el sueño del Presidente Funes de golpear a ARENA a grado que no llegue a segunda vuelta y en cambio, que llegue su cuate, don Tony Saca.
Volviendo al caso, según el Fiscal, “Este trabajo realizado por la FGR es una oportunidad para empezar a enderezar la deuda histórica que el Estado tiene hacia la sociedad”, para quien también sienta un “precedente histórico” en el país.
“Nadie está por encima de la ley. Esta investigación no es una vendetta de una determinada coyuntura política. Solo esperamos que reciban la sanción ante los tribunales de justicia…”, dijo Martínez. Allí está el anuncio de la orden de captura.
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