Instituto Iberoamericana de Derecho Constitucional (IIDC)
Los diputados del bloque oficialista FMLN/GANA no actúan con la visión nacional que si el país no aprueba las reformas de la ley contra el lavado, en las condiciones sugeridas pasaremos a formar parte de los países sin las reformas indispensables para el combate al crimen organizado.
En esta misma columna exigimos hace 15 días que los diputados decretaran, antes del 14 de octubre, las reformas a la Ley de Lavado de dinero y activos para combatir el crimen. Ya que no se trata de una simple iniciativa de ley sino de una solicitud del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI )y de su regional del Caribe la GAFIC, en las que el país participa, para el combate contra la narcoactividad, la impunidad y la corrupción y que las reformas son básicas para continuar con esta lucha internacional contra el crimen.
Los diputados del bloque oficial siguen dando muestras de reticencia a cumplir las leyes y convenios internacionales, cercenaron la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la Presidencia de la República cooperó emitiendo un reglamento con más atribuciones que la misma ley y fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, el mismo Presidente de la República se opuso a la aplicación de la ley retrasando el nombramiento de los comisionados que integrarían el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) y finalmente aún con ley vigente y poca coercibilidad, los mismos diputados de la flamante Asamblea Legislativa que la aprobaron se niegan a cumplirla, no proporcionando los nombres, sueldos y cargos que desempeñan sus “asesores” quienes en un número escandaloso perciben salarios del presupuesto nacional cuando son empleados de los partidos políticos.
Esta ley es un magnífico instrumento para combatir la corrupción, no obstante la fomentan negándose a dar los nombres de 218 asesores y solo han dado 44, por lo que aún falta revelar los nombres de los 174 restantes, como informa su portal WEB 207 son asesores de contrato y 11 por ley de salarios en distintas áreas legal, jurídica y política. Los diputados tienen la obligación de revelar la información solicitada y cumplir la normativa que ellos mismos aprobaron en marzo de 2011.
En cuanto a las reformas de la Ley de lavado de dinero, los diputados del bloque oficialista FMLN/GANA no actúan con la visión nacional que si el país no aprueba las reformas de la ley en las condiciones sugeridas por la organización internacional a la que pertenece El Salvador, pasaremos a formar parte de los países sin las reformas indispensables para el combate al crimen organizado.
Destacamos que el GAFI es un organismo intergubernamental, cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para ello ha girado 40 recomendaciones que proveen un diseño de la acción necesaria para la lucha de los ilícitos. Asimismo mantiene una réplica regional en la Cuenca del Caribe, llamado Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), al que pertenece El Salvador con otras 29 naciones.
El Proyecto de reformas a la Ley de lavado de dinero y activos, contiene 14 reformas, apoyadas por la Fiscalía General de la República, requeridas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que han sido analizadas y debatidas en el seno de la Comisión, a fin de contar con una Ley que reúna el consenso de los Grupos Parlamentarios, y también de todos los sectores del Órgano Ejecutivo y del Ministerio Público que deberán operarla.
En el Proyecto de Reformas se manifiesta que las evaluaciones realizadas por el GAFIC constituyen el insumo de la comunidad internacional para calificar a un país como “Cumplidor o No Cumplidor” en la Lucha Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), por lo que si El Salvador no acata las recomendaciones entrará en riesgo de ser calificado como “No Cumplidor”.
Si se aprueban estas reformas El Salvador estaría conforme a los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de Dinero y activos. Pero los diputados del bloque oficial FMLN/GANA se han negado a aprobar el proyecto de reformas evitando que se mencionen políticos, partidos, los PEP (Personalidades de Exposición Pública) y sociedades de economía mixta que desarrollan millonarias campañas paralelas, tales como ALBA. Con esa actitud están promoviendo la impunidad y la corrupción al no mencionar a personas expuestas políticamente (PEP), porque éstas hay necesidad de señalarlas dado que tienen un riesgo mayor de caer en la trampa o son más proclives a ser tentados por el crimen, tal como lo manifestaron funcionarios del Departamento del Tesoro de los EE.UU. respaldando las reformas ante la Comisión respectiva de la Asamblea Legislativa.
Y pareciera que después de esta visita, únicamente los diputados del oficialista FMLN han demostrado carecer del sentimiento nacional y han privado sus intereses personales y partidarios. De no aprobarse las reformas como usualmente se utilizan alrededor del mundo, los diputados de la Asamblea Legislativa que no concurran con su voto, estarán fortaleciendo la impunidad y promoviendo la corrupción.
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